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Boletín de prensa 21 de febrero de 2011
EL TIEMPO
ADOPCIÓN GAY YA ESTÁ EN LA AGENDA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
El magistrado Juan Carlos Henao asumió hace dos semanas la presidencia de la Corte Constitucional.
Debe haber reglas claras sobre tutelas: presidente del alto tribunal, magistrado Juan Carlos Henao.
En diálogo con EL TIEMPO señaló que un ejemplo del avance que dio la Constitución es que ahora hasta exportamos jurisprudencia. "Los fallos de esta Corte son citados en Chile, México o Perú y profesores en Harvard y Yale llevan a sus clases sentencias nuestras para ser analizadas". Por eso, no es coincidencia que este miércoles empiece en Sala Plena la discusión sobre la adopción entre parejas gay y se espere una ponencia sobre el caso del matrimonio entre homosexuales.
¿Sobre el matrimonio y la adopción gay habrá decisión de fondo esta vez?
Todo indica que sí. Es un tema complejo, exigimos muchos argumentos para abordar el debate de fondo y no nos los han dado todavía, pero no significa que no lo vamos a hacer.
¿Qué propuestas hace la Corte a la reforma a la justicia?
Son decisiones políticas, pero en términos generales, toda reforma debe tender hacia una celeridad en las decisiones, el respeto por la independencia judicial y la formación ética de los jueces.
¿Hay que tocar la tutela?
Podría empezarse por establecer reglas claras para que se cumpla la jurisprudencia de los jueces. No tiene sentido, por ejemplo, que a pesar de que hemos dicho que una mesada pensional tiene que ser actualizada sigan existiendo actuaciones administrativas que no lo hacen. En otros casos, como la tutela contra sentencias, el tema se ha engrandecido, los casos se reducen a dos o tres al año de las miles tutelas que salen.
¿Considera que volver a una sola supercorte evitaría roces por este tipo de decisiones?
Desde el punto de vista académico, ese no es el debate. Se trata es de establecer cuáles son las funciones y las competencias de cada corte y eso, está claro en la Constitución: la Corte Constitucional es su guardiana y el órgano de cierre en lo que tiene que ver con derechos fundamentales. De ahí saquen deducciones.
¿Qué destaca de la Constitución en sus 20 años?
Si analiza lo de Egipto o el mundo árabe, la primera ilusión de estos pueblos es una constitución democrática, similar a la de Colombia.
FUE DEMANDADA ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL LA REFORMA POLÍTICA
La norma establece que el censo electoral contemplará sólo a quienes votaron en últimas elecciones.
La ley fue demanda por el representante Iván Cepeda, quien consideró inconstitucional el artículo 47, que estalece que el censo electoral contemple sólo a los ciudadanos que hayan votado en las últimas elecciones.
Según Cepeda, esa norma viola la Constitución y los derechos de los sufragantes.
Ademas, aseguró que dejaría por fuera del censo a 13 millones 296 mil 924 colombianos y sólo quedarían habilitadas para votar 10 millones de personas.
"Los abstencionistas y los militantes del Polo que por oposición no votaron en la segunda vuleta presiencial está perjudicados, quedaron por fuera del censo electora", dijo Cepeda.
EL NUEVO SIGLO
VUELVE PROYECTO DE INTELIGENCIA
Hoy se reunirá el senador Juan Manuel Galán con la Alta Consejería de Convivencia y Seguridad, con el fin de escuchar la posición que tiene el Gobierno sobre el proyecto de la ley de inteligencia y contrainteligencia, la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional al conceptuar que debió ser tramitada como una ley estatutaria y no como ordinaria.
Galán se propone presentar nuevamente este proyecto, sin embargo espera en esta reunión obtener claridad porque según él “todavía el Gobierno no ha escogido cuál es el camino que va a seguir porque había una tendencia en el Gobierno que decía que lo mejor era que en la ley marco de seguridad y defensa incluir un capítulo de inteligencia, para retomar lo que perdió vigencia por la caída de la ley.
Y hay otra tendencia, en la que yo me incluyo, que defiende la idea de presentar de nuevo el proyecto de inteligencia como una ley estatutaria, a parte de la ley marco de seguridad y defensa”.
Galán, autor de la ley hundida de inteligencia y contrainteligencia considera que es necesario tramitar prontamente este proyecto con el fin de que no queden en el limbo una serie de medidas tendientes a fortalecer el marco legal que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir adecuadamente con su misión constitucional y legal, estableciendo los límites y fines de sus actividades, los principios que las rigen, los mecanismos de control y supervisión, la regulación de sus bases de datos, la protección de sus miembros y la coordinación y cooperación entre sus organismos.
La idea del congresista liberal es que el proyecto que pretende radicar de nuevo tenga el mismo articulado de la ley hundida, aunque buscaría dar más fuerza a la comisión legislativa de seguimiento a las actividades de inteligencia y contrainteligencia que la norma había creado
SIGUE ENREDADA LA LEY DE VÍCTIMAS EN EL CONGRESO
En el Senado todavía los ponentes no se ponen de acuerdo sobre cual será la fecha en la que se comenzará a reconocer el derecho a reparación.
Nadie duda de la determinación del Gobierno Nacional de sacar adelante la ley de víctimas, especialmente cuando en septiembre pasado el presidente Juan Manuel Santos fue personalmente a radicar el proyecto en la secretaría de la Cámara.
Pero, aunque era clara la resistencia que la iniciativa generaba en algunos sectores legislativos, ha sorprendido la dificultad con que se ha impuesto la disciplina dentro de la coalición de Unidad Nacional.
Con entusiasmo, la bancada del Partido Liberal ha logrado que el proyecto de ley avance, aún a costa de dejar en el camino a un socio natural en ese tema como es el Polo Democrático, cuyos representantes vieron con relativa desilusión cómo la Cámara aprobó un articulado que, según esa colectividad, dista mucho de satisfacer plenamente a las víctimas, como ha quedado en evidencia en los foros y audiencias realizadas hasta el momento.
Pero el haber ido cediendo a algunas de las observaciones interpuestas por los legisladores de los partidos Social de Unidad Nacional (La U) y Conservador no ha garantizado que el camino sea más fácil, porque los críticos de la norma dentro y fuera del Congreso no están dispuestos a dar su brazo a torcer.
Genocidio
La semana comienza con una ponencia concretada hasta en el 90 por ciento, según el cálculo del senador nortesantandereano Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal, coordinador de ponentes en la Comisión Primera del Senado.
En el 10 por ciento faltante está el tema que desilusionó al Polo: el del año para empezar a reconocer el derecho a las víctimas.
Como se recordará, a finales del año pasado el Polo se retiró de la plenaria de la Cámara en protesta por la vigencia de la norma, que no será retroactiva hasta 1985, dejando por fuera de su alcance a las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica.
El punto fue analizado por una subcomisión que se decidió por 1991 como fecha de retroactividad de la ley. El representante putumayense Guillermo Rivera, del Partido Liberal, que hacía parte de la subcomisión, dijo que aceptó perder la pelea por la fecha para revivir el tema durante el debate en el Senado.
Rivera reconoció que “las más cruentas masacres ocurrieron antes del 93, como las de La Rochela y Segovia; las víctimas de todas ellas, incluyendo el genocidio de la Unión Patriótica, estarían excluidas”.
Durante el debate, Rivera pidió que el tema no se convirtiera “en un pulso dentro de la coalición de gobierno”.
El representante Iván Cepeda, entonces vocero del Polo en la Cámara, explicó que “el Gobierno Nacional había anunciado como fecha en la que sería válida la ley el año 1985. Con ese presupuesto nosotros podíamos seguir en este proceso y apoyar la ley. Pero una vez que en la plenaria el Partido de La U y otros sectores decidieron dejar el año 93 primero y después 91, ahí para el Polo Democrático es insostenible la situación, puesto que eso es traicionar la verdad histórica. En el año 85 se produjo el exterminio de la Unión Patriótica entre otros tantos hechos”.
Quienes se consideran víctimas del genocidio político, tal como lo contempla el nuevo Código Penal, están pidiendo ser tenidos en cuenta dentro del debate del proyecto de ley de víctimas.
Gracias a la Ley 589, del 6 de julio de 2000, el Código Penal estableció castigos para quien “con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros”.
Con base ese marco legal, Jairo Ramírez, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas del Estado (Movice), le comentó a EL NUEVO SIGLO que el proyecto de ley de víctimas debería incluir temas como la protección de los sobrevivientes del genocidio, dado que “en el gobierno de Uribe hubo cerca de 200 asesinatos” de miembros de la Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista (PC); “el establecimiento de una unidad de la Fiscalía que se dedique única y exclusivamente a investigar el crimen del genocidio”, petición que hasta ahora, dijo, no ha sido atendida; y “que el Estado asuma su responsabilidad, porque son funcionarios públicos los que están en su mayoría implicados en los crímenes en el caso de la UP”.
Y de la plata, ¿qué?
Otro tema que falta por acordar en la ponencia es el del aparato institucional que debe hacerse cargo de todos los procesos de compensación, una de las preocupaciones manifestadas por el Sistema de las Naciones Unidas, que ha solicitado la definición de una sola entidad encargada, pues en el texto aprobado por la Cámara hay multiplicidad de organismos estatales encargados de cumplir las diversas normas.
Sin embargo, durante los debates que le faltan a la iniciativa en el Senado volverá a enfrentarse con la duda esgrimida por el Partido Conservador desde el principio: ¿de dónde va a salir la plata para aplicar la ley?
El senador huilense Hernán Andrade, del Partido Conservador, expresó que "hay incoherencia por parte del Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, donde no se contemplan los recursos suficientes para cumplir esa ley".
Andrade sostuvo que “todos quisiéramos las indemnizaciones y compensaciones a todas las víctimas”.
“¿Qué nos preocupa a nosotros?”, anotó hace unos meses el ex canciller Fernando Araújo, entonces presidente del Directorio Nacional Conservador. “Nos preocupa que los familiares de los terroristas de las Farc o del Eln pretendan presentarse ante el Estado colombiano a reclamar indemnizaciones por la muerte de sus familiares. En la reunión en la que participamos se nos ofreció redactar unas cláusulas de salvaguardia, pero todavía esas cláusulas no las conocemos”.
“El otro tema que nos preocupa es el valor fiscal de la ley de víctimas. Fíjese en que las cifras que se mencionan, se habla de unos 4 millones de víctimas, incluyendo a los desplazados. Se habla de indemnizaciones de hasta 20 millones de pesos por víctima. Si uno multiplica 20 por 4 llegamos a la cifra de 80 billones de pesos. ¿De donde vamos a sacar esa plata?”, planteó entonces Araújo
ESTA SEMANA PROCURADURÍA DEFINE SUERTE DEL CONTRALOR
Las pesquisas no sólo son por el cartel de la contratación en la ciudad sino por el presunto incremento del patrimonio del funcionario.
Hoy, a partir de las 8 de la mañana, se reanudará la audiencia pública contra el contralor de Bogotá, Miguel Moralesrussi, y el ex representante a la Cámara, Germán Olano.
La diligencia, en la que se presentarán los alegatos de conclusión, además que será transmitida en vivo a través de www.procuraduria.gov.co, fue aplazada el jueves pasado ya que la defensa de los dos implicados pidió tiempo para estudiar un documento por supuesto incremento de patrimonio de Olano y Moralesrussi.
Al tiempo que avanza la audiencia en la Procuraduría, para el próximo 23 de marzo la fiscal General de la Nación, Viviane Morales, anunció que el Contralor distrital; Liliana Pardo, ex directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU); e Inocencio Meléndez, ex director jurídico del IDU, comparecerán ante un juez con funciones de control de garantías en el Complejo Judicial de Paloquemao.
Los cargos por los que deberán responder son por contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho propio, concusión y prevaricato por omisión, por los que la Fiscalía pedirá que se les prive de la libertad.
Así mismo, en los próximos días se decidirá la diligencia judicial al alcalde Samuel Moreno Rojas y a los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, así como a los integrantes del Grupo Nule.
Mientras que el fiscal Segundo Delegado ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Germán Pabón, solicitó audiencia para llevar la formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra de Pardo Gaona, Inocencio Meléndez y Moralesrussi.
De otro lado y aunque el Procurador escuchó al Contralor de Bogotá y el ex representante a la Cámara frente a las imputaciones por posible incremento de patrimonio no justificado, se dice que hoy serán escuchados y el miércoles el Ministerio Público tomará una determinación.
En este sentido, el pasado 10 de febrero, en desarrollo de la quinta sesión de audiencia pública, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, recibió los informes técnicos contables de Germán Olano y Miguel Ángel Moralesrussi, presentados con el objetivo de desvirtuar la conducta que se les endilga por incremento patrimonial no justificado. Hoy tendrán que explicar cómo fueron adquiridos los bienes que cada uno tienen en sus balances.
Con estos documentos, los apoderados del Contralor de Bogotá y el ex representante a la Cámara buscan ampliar y aclarar el dictamen pericial elaborado por la Procuraduría que sustenta el cargo de incremento patrimonial injustificado.
La Procuraduría, si es del caso, complementará el dictamen elaborado por el equipo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales y resolverá las solicitudes planteadas por los disciplinables frente al informe contable inicial.
Al tiempo que la Procuraduría los acusó de presunto incremento patrimonial a Moralesrussi y Olano, la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos.
EL ESPECTADOR
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO NO PRESCRIBIRÍAN
Esa iniciativa es estudiada en el proyecto del Estatuto Anticorrupción que está en trámite en la Cámara de Representantes.
Nuevas ideas contra los delitos de corrupción han surgido alrededor del debate que lleva la Cámara de Representantes sobre el Estatuto Anticorrupción.
“Que los delitos contra el patrimonio no prescriban”, pidieron en esa corporación.
El representante Miguel Gómez, promotor de esa propuesta, dijo que los delitos fiscales contra el patrimonio público no pueden prescribir en cinco años sino en 30.
"Es injusto que quien se enriquezca con el erario no pague por su delito, cobijados con la ley. Debemos evitar que se repitan casos como el de Caja Agraria, con pérdidas de $19 mil millones, y el de Foncolpuertos, por $22 mil millones", aseguró Gómez Martínez.
Según él, también debe crearse un Grupo Élite Anticorrupción, conformado por la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, para que vigilen los recursos públicos.
"Si el objetivo principal del Proyecto es dotar al Estado de herramientas eficaces para luchar contra el flagelo de la corrupción, es indispensable aunar esfuerzos entre estos tres entes para que ejerzan el control de gestión y sus resultados", explicó.
La Cámara la próxima semana continuará el debate del proyecto que busca blindar al Estado colombiano contra los corruptos.
SUSPENDIDO GOBERNADOR DE CASANARE CONFÍA EN QUE PRONTO SERÁ RESTITUIDO
El Gobierno suspendió al mandatario por las presuntas irregularidades cometidas en un contrato para servicios educativos.
El suspendido gobernador del petrolero departamento de Casanare, Raúl Flórez Chávez, indicó que espera un fallo favorable de la Procuraduría para reintegrarse al cargo para el cual fue elegido.
El mandatario suspendido argumenta que ha actuado de acuerdo con la ley y que los dineros invertidos en el programa de educación no tenían otro propósito distinto que permitirle a 7.000 niños acceder a la educación primaria. El contrato tiene un costo de 20.000 millones de pesos, recuerda el mandatario regional.
Indicó que una vez se conozca la decisión del ministerio Público, procederá a posesionarse y continuar con las obras que viene ejecutando en el departamento.
Antes, el Gobierno suspendió al gobernador de Casanare por las presuntas irregularidades cometidas en un contrato para servicios educativos.
El Ministerio del Interior tras ser notificado de la suspensión provisional, luego de que la Corte Constitucional revocara una tutela que había interpuesto el mandatario, al fallo de la Procuraduría, designó al viceministro del Interior, Aurelio Iragorri.
El Ministerio Público pidió la suspensión preventiva contra el gobernador para investigar posibles irregularidades presentadas en los contratos suscritos en 2008 y 2009. El mandatario suspendido explicó que estos hechos fueron aclarados y justificada su actuación.
Políticos del Casanare se han mostrado preocupados por una anunciada licitación que se propone adelantar el gobernador y que contemplaría el arriendo del hospital de Yopal. Por eso han pedido a los organismos de control (Procuraduría y Contraloría General) intervenir en este proceso licitatorio.
Flórez indicó que durante su administración no se ha perdido un peso. Recordó que su gestión contempla la entrega de 7.000 viviendas de interés, ya ha terminado 600; los 19 municipios terminarán con cobertura total de servicios, entregará 1.200 pozos profundos para suministro de agua y 70 puentes.
Casanare ha recibido 5 billones desde el año 1992, producto de las regalías petroleras. El suspendido gobernador explicó que su administración ha comprometido 290.000 millones de pesos en vigencia futuras, que corresponde al periodo de su administración.
Raúl Flórez se mostró confiado en que en menos de 15 días estará de nuevo al frente de la administración departamental del Casanare.
Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA MUJER?
Después de la cuarta conferencia de la ONU en Beijing, el gobierno de Ernesto Samper creó la Dirección de Equidad de Género para cumplir con su compromiso y adelantar acciones nacionales para cerrar las brechas de género y construir una cultura fundada en la igualdad a partir de acciones afirmativas, programas sociales y una clara transversalidad en las políticas públicas.
Por este motivo, la Dirección, si bien no tenía estatus ministerial, podía participar en las reuniones del gabinete y adelantar, a través de las diferentes carteras, programas para garantizar el progreso de la mitad de la población, que suele recibir, por lo demás, la responsabilidad de los hijos. Teniendo entonces presente que el desarrollo del país dependía del desarrollo de sus mujeres y aprovechando el liderazgo de Colombia en la materia —para entonces el país era el único en la región con la mitad de las mujeres en la fuerza laboral y con una participación todos los años creciente de las mujeres en la política—, la Dirección comenzó a adelantar su agenda.
Sin embargo, desde la llegada del gobierno de Andrés Pastrana se comenzó un retroceso claro en la lucha de la mujer por su igualdad: además de rechazar el primer crédito de banca multilateral concedido en Latinoamérica para las mujeres empresarias, el gobierno Pastrana disminuyó la Dirección por la Equidad de Género de rango y ésta pasó a ser una consejería de la Dirección Administrativa de la Presidencia. Además de perder autonomía financiera, la entidad perdió estatus político y dejó de ser invitada a las reuniones ministeriales. A pesar de las pocas herramientas y el reducido presupuesto —$600 millones anuales, que siguen siendo hoy los mismos—, la consejería logró donaciones y adelantó distintos proyectos de sensibilización y campañas de microcréditos. Sin embargo, no pudo, como había sido pensado originalmente, ni estructurar políticas nacionales para las mujeres, ni transversalizar estas políticas en la administración pública.
Durante los ocho años de Álvaro Uribe la situación fue calcada y los avances mediocres. De ahí que mientras en varios países latinoamericanos se habla de paridad en la participación en el poder, hoy nosotros, antiguos líderes en la materia, discutimos, con dificultad, sobre la ley de cuotas. Y no sólo quedamos atrás con respecto a Chile, Argentina y Brasil. Países como Ecuador, por ejemplo, nos llevan la delantera. Según cifras de la Cepal, más del 30% de su Legislativo es ocupado por mujeres, mientras que nosotros a duras penas llegamos al 14%, y en buena parte por razón de la herencia del caudal electoral de esposos presos por parapolítica. Esta vergonzosa discriminación es replicada en la economía, en la que la participación de la mujer es, en promedio del 50%, mientras la del hombre es cercana al 80%, al tiempo que las horas de trabajo no remunerado, especialmente el doméstico, son más del doble para las mujeres que para los hombres. Cifras difíciles, y eso que no incluyen ni las de segregación cultural ni las de maltrato y violencia.
Se esperaba, en un comienzo, que el gobierno de Juan Manuel Santos, por su matiz liberal, restableciera el rumbo. Siete meses después, sin embargo, parece ser lo contrario: el presidente no sólo ha asumido con desdén la Ley 1430 de la economía del cuidado, firmada tres meses después de iniciado su mandato, y que ha sido motivo de foros en toda la región, entre otras, por ser un reconocimiento revolucionario al trabajo doméstico, sino que además no se ha tomado la molestia de nombrar a la persona encargada de la Consejería Presidencial para la Equidad de Género. De hecho, se la encargó al vicepresidente Garzón, quien a su vez se la delegó a su señora, Monserrat Muñoz. Sin demeritar su capacidad, ni su trabajo sólo a los funcionarios públicos se les puede exigir rendición de cuentas. El desarrollo de las mujeres no puede ser un tema de voluntarios.
LA PROHIBICIÓN DEL ABORTO
Por: Salomón Kalmanovitz
La Corte Constitucional legisló que el aborto en Colombia se permitía en casos de violación, peligro de la vida de la madre y problemas sin solución en la salud del feto.
La práctica de la sentencia ha sido exitosamente bloqueada por los intereses de los sectores más conservadores de la sociedad colombiana, que han sido liderados, entre otros, por un procurador que ha traicionado la función pública que se la ha encargado, que no es la de implantar a la fuerza la fe católica. Una de las consecuencias de la prohibición es que las mujeres que todavía optan por el aborto terminan atendidas por centros ilegales que atentan contra su salud y su vida.
La Constitución de 1991 promulgó la separación de la Iglesia del Estado. En ese momento casi entramos en una sociedad que se guía por preceptos racionales, inspirados en la ciencia y en la defensa de la salud pública, no en dogmas ancestrales. Es un atropello a la mujer, a las víctimas de la violencia carnal y a las parejas que deben tomar dolorosas decisiones en torno a la vida y la muerte, que la ley inspirada por preceptos medievales las obligue a tomar decisiones que les dañan la vida de manera irreparable.
Me parece cruel que si el embarazo de mi esposa pone en alto riesgo su vida, deba dejarla morir porque unos religiosos pudieron elaborar una legislación siniestra que obliga a su sacrificio. Me parece criminal forzar a una mujer violada a gestar y criar el engendro de la violencia a que fue sometida. Ni quiero ver a una pareja arruinar su vida porque se les obligó a continuar el embarazo con un feto que se sabía malformado y que no garantizaba un mínimo de calidad de vida. En cada una de estas instancias se violenta a la gente en su capacidad de decidir sobre lo que más le conviene y se la obliga a sufrir innecesariamente. Lo que es peor es que el religioso que toma la decisión, invadiendo la esfera privada de las personas, no asume sus consecuencias.
La sentencia de la Corte incluso se quedaba corta frente a lo que sucede en las sociedades civilizadas que permiten el aborto en casos de un embarazo indeseado que puede lesionar la vida de una adolescente o de cualquier mujer o pareja. Ellos pueden sentir que no están preparados para concebir y darles una buena vida a los hijos que deben planificar cuidadosamente.
La Iglesia fue siempre enemiga del control natal. Le corresponde entonces asumir una enorme responsabilidad histórica por millones de embarazos indeseados que gestaron niños sin amor ni cuidado suficientes. De hecho, impedir la educación y los programas de control de la natalidad contribuyó a que la informalidad y el desempleo se dispararan.
El presidente del Partido Conservador quiere cambiar la Constitución para que castigue el aborto en todos los casos, aduciendo que estamos en un país católico. Pero eso no es cierto del todo ni es una buena razón para regular de manera dañina la vida del cuerpo social. Justificaría, por ejemplo, la lapidación de la mujer por infidelidad en los países musulmanes. En Colombia, más de un tercio de la población es protestante. Por lo demás, hay buenos católicos que practican masivamente el control natal, se divorcian y tampoco quieren verse en la disyuntiva de atropellar o hacer morir a las mujeres. Lo cierto es que la práctica del catolicismo se ha debilitado con la modernización del país. El procurador y el presidente del Partido Conservador nos quieren regresar a la edad de la piedra.
REVISTA SEMANA
EL CARRUSEL DE LOS MAGISTRADOS
En el Consejo de la Judicatura, con una 'palomita' de un mes se puede obtener una pensión de hasta 13 millones de pesos mensuales. Es tan escandaloso que cada una de estas pensiones le cuesta al Estado 3.500 millones de pesos.
Sábado 19 Febrero 2011En febrero de 2009, el entonces presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, lanzó una frase que cayó como una bomba atómica en el Palacio de Justicia: “Hay un organismo terriblemente descompuesto, que es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se están tomando decisiones preocupantes”, dijo.
En ese momento se refería a que a punta de fallos de tutela algunos magistrados estaban favoreciendo a congresistas enredados en el escándalo de la parapolítica. El tiempo terminó dándole la razón a Pinilla. Hace dos semanas, Caracol Radio prendió las alarmas sobre la existencia de un carrusel de contratos en el Consejo de la Judicatura y mostró una serie de nombramientos hechos en 2010. SEMANA investigó el tema y encontró que eso es apenas la punta del iceberg del escándalo.
En dos años y medio, magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura les han dado ‘palomitas’ como magistrados auxiliares a cerca de 90 personas (sin contar los magistrados auxiliares que están hoy activos), y gracias a esa ‘palomita’ por lo menos la mitad de ellos, según pudo corroborar SEMANA, se podrán jubilar con pensiones multimillonarias, que le pueden costar al Estado, en total, 140.000 millones de pesos.
El detalle más escandaloso es que un juez que se gana cuatro millones de pesos, si logra que le den la dichosa ‘palomita’ de magistrado auxiliar, así sea solo durante un mes, como por arte de magia consigue que su pensión se multiplique y llegue a ser calculada sobre un salario de entre 14 y 17 millones de pesos. La mesada, que es el equivalente al 75 por ciento, le llegará de 10,5 a 12,75 millones de pesos.
Los casos abundan. Cenaida Mejía Báez, por ejemplo, era la juez municipal de Chipaque, Cundinamarca, trabajó un mes y diez días como magistrada auxiliar de Julia Emma Garzón y ya está jubilada con el tope máximo de pensión. Lo mismo le ocurrió, para citar apenas otros ejemplos, a Luis Gonzalo Ardila, juez de Bogotá; a Álvaro Rojas Mayorquín, abogado que no registra rastro alguno en Internet; a Elías Cabrera y a Jesús Herrera Cortés, jueces de Ibagué, y a Luis Rojas Tovar, fiscal de Bogotá, que luego de tener una ‘palomita’ de entre uno y dos meses y medio en el despacho del magistrado Henry Villarraga, ya están haciendo su trámite de pensión.
Y así como en los despachos de los magistrados Julia Emma Garzón y Henry Villarraga, los otros dos campeones en materia de nombramientos exprés son los magistrados Ovidio Claros y Pedro Sanabria. En las oficinas de los otros tres juristas que integran la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura –María Mercedes López, Jorge Armando Otálora y Angelino Lizcano– no se evidencia este tipo de prácticas.
SEMANA obtuvo la información de los nombramientos de magistrados auxiliares en los últimos tres años en esa sala de la Judicatura, y encontró datos sorprendentes. Si bien cada uno de los siete magistrados titulares tiene derecho a tres auxiliares, es decir, en total en esa sala debían nombrar 21 magistrados auxiliares, desde 2008 se han nombrado 115 auxiliares. El año récord fue 2008, cuando se nombraron 59: una rotación de casi tres nombramientos por cada puesto. ¿Cómo puede ser posible que por una ‘palomita’ de un mes se ganen una pensión multimillonaria?
La explicación es sencilla. Los funcionarios de la rama judicial tienen unos privilegios muy particulares en materia de pensiones. A diferencia de todos los demás colombianos, a quienes el Seguro Social les calcula su pensión con los últimos diez años cotizados, los de la rama judicial se pueden jubilar con el salario más alto del último año en que trabajaron. No importa si ese funcionario toda la vida hizo aportes a pensiones con base en un salario mínimo, con tal de que haya trabajado un mes del último año como magistrado auxiliar, su jubilación se la calculan con el tope máximo.
La situación es tan particular para la rama judicial que el presidente de la República y los congresistas, que alguna vez gozaron de ese privilegio, ya no lo tienen.
Como si fuera poco, los mismos magistrados han ido creando una jurisprudencia que además les da otras gabelas a los funcionarios de la rama, a punta de otros fallos, en particular del Consejo de Estado. Una de ellas es que el monto sobre el cual se calcula la pensión incluye todo tipo de primas (de vacaciones, quinquenios, etcétera). Y para rematar, la edad de pensión para quienes gozan de este privilegio es de 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres, es decir, mucho menor que la rige hoy para los demás colombianos.
El impacto del pago de estas pensiones vía ‘palomita’ sobre las finanzas del Estado es demoledor. Si se pagara todo el costo de una pensión hoy (lo que los especialistas llaman valor actuarial), el total de la mesada de quien cotizó sobre un salario mínimo sería de 110 millones de pesos, mientras que la de un magistrado auxiliar sería de 3.500 millones de pesos. Por eso, como ya se dijo, los cerca de 40 que obtuvieron la ‘palomita’ y pueden pensionarse le pueden costar al Estado 140.000 millones de pesos.
En el alto gobierno están aterrados con lo que está ocurriendo. Y las alarmas se dispararon aún más luego de una circular que emitió el procurador Alejandro Ordóñez en noviembre del año pasado. Ordóñez “Conmina” –mayúsculas de él– al Seguro Social y a Cajanal para que acaten toda la nueva jurisprudencia. Esto quiere decir que pide que les liquiden las pensiones a los empleados de la rama judicial sin tener que recurrir a tutelas. Además, el procurador es explícito en que se calculen las pensiones con todas las gabelas (vacaciones, más alto salario en el último año, primas, etcétera).
“Esa circular del Procurador le va a costar al Estado un huevo de plata”, dice una persona que conoce como la palma de la mano el sistema pensional colombiano y ha sido directivo del Seguro Social. “Y lo que más preocupa es que por esa vía, y con nueva jurisprudencia, el régimen de privilegios no se termine, como está pensado, en 2014”.
Como las reacciones a la circular del procurador no se hicieron esperar, este a su vez también las contestó: “El argumento tecnológico, tecnocrático y yupiyólogo de los efectos macroeconómicos que se desprendan de esa situación no son argumentos para que se incumpla la ley; si no se está de acuerdo, entonces se debe modificar la normatividad”.
A quienes les ha tocado pagar, a nombre del Estado, las pensiones no les cabe duda de que los magistrados, con los fallos de tutela y las demandas, están haciendo jurisprudencia en causa propia. Desde que comenzó la moda de las reliquidaciones, hace casi diez años, les ha tocado desembolsar para magistrados, por pagos retroactivos, hasta 700 millones de pesos y más, de un solo tirón.
El estado de alerta en el gobierno es tal que en diciembre pasado el ministro de Hacienda hizo una exposición ante la Corte Constitucional en la que advirtió el efecto catastrófico de estas pensiones sobre las finanzas del Estado. Según el ministro Juan Carlos Echeverry, las reliquidaciones de pensiones de la rama judicial pueden llegar a abrir un hueco de entre 7,5 billones y 20 billones de pesos. La cifra, si bien ha sido rebatida por otros especialistas, de todas maneras da a entender que es un lío de grandes ligas para el Estado.
En este cálculo no están incluidos solo los magistrados auxiliares. Este régimen de privilegios también cobija a los funcionarios de la Procuraduría, de la Contraloría y de la Fiscalía. Y en estas instituciones también se dan las perversas ‘palomitas’.
El descalabro para las finanzas del Estado es apenas uno de los problemas gruesos de este carrusel. Hay otros tres baches graves.
En primer lugar, el de la equidad. Lo que ya de por sí es un privilegio exagerado para los miembros de la rama judicial se convierte en un abuso cuando entra en juego el carrusel de los magistrados auxiliares. La pensión de diez o trece millones de pesos es más una lotería que se ganaron que el producto de un ahorro. Mientras tanto, el 80 por ciento de los servidores de la rama judicial se ganan una pensión que apenas si alcanza al salario mínimo.
Uno de los casos más sonados fue el del magistrado César Julio Valencia. Si bien no tiene que ver con el carrusel, ilustra hasta dónde llega el privilegio. Cajanal le calculó en 2009 su pensión en casi 12 millones de pesos, pero Valencia interpuso una tutela alegando que era un error porque le tenían que calcular no sobre el promedio de los diez últimos años de sus aportes, sino el salario del último año. Gracias a ese cambio matemático, y a que la Corte Constitucional le concedió la tutela, su mesada casi se duplicó.
El segundo problema es el de la eficiencia. Debido al carrusel de la contratación y a que los magistrados auxiliares duran apenas uno o dos meses en sus cargos, el rendimiento de los despachos no es el adecuado. De hecho, el despacho de la magistrada Julia Emma Garzón, que es el que más ‘palomitas’ ha dado, es el de más bajo rendimiento. Entre enero y diciembre de 2010 falló 973 procesos, casi la mitad de los que atendió el despacho más eficiente, que fue el del exvicefiscal Jorge Armando Otálora. El segundo de más bajo rendimiento fue el de Ovidio Claros, otro de los campeones del carrusel, con 1.052 fallos.
SEMANA se comunicó a las dos de la tarde del viernes pasado con los despachos de los magistrados Julia Emma Garzón y Henry Villarraga, pero sus secretarias informaron que ninguno se encontraba. En el caso de Garzón, la secretaria dijo que estaba en una cita médica, pero que ya cualquier cosa sería el lunes, y en el de Villarraga, su secretaria no sabía si volvería en la tarde.
El tercer gran problema es que en donde está la olla podrida es nada más y nada menos que en la Sala Disciplinaria, que es donde están “los jueces de los jueces”. Es decir, son los encargados de investigar y sancionar a abogados y jueces de todo el país. ¿Será que esto tiene que ver con el hecho de que se está agudizando la corrupción entre los operarios de la justicia en el país?
Con este carrusel de magistrados se confirma que esta Sala Disciplinaria de la Judicatura, con un par de excepciones, está escribiendo una de las páginas más tristes de las altas cortes en la historia del país. Desde cuando se estaba conformando, a mediados de 2008, se dispararon las alarmas.
“Pónganle atención a lo que está pasando en el Congreso: están diciendo que la condición para elegir a los nuevos magistrados para el Consejo Superior de la Judicatura es que les ayuden a los congresistas en sus líos con la justicia”, le dijeron en ese entonces a esta revista.
El Congreso hacía la elección a partir de ternas enviadas por el gobierno Uribe. Y cuando los eligieron, los nombres no cayeron bien, pues, con excepción de Otálora y María Mercedes López, e incluso Julia Emma Garzón, que tenían trayectoria en la rama judicial, los otros cuatro venían de las entrañas de la política tradicional. Además, tenían serios reparos en sus hojas de vida. Ovidio Claros tenía a cuestas un caso de no pago de cuota de alimentos y antecedentes en la Procuraduría, porque como gerente seccional del Seguro Social modificó los valores de un contrato para favorecer a una empresa privada.
Pedro Alonso Sanabria venía salpicado por el escándalo de DMG, pues en una grabación los jefes de esta ‘pirámide’ hablaban de haberle dado millones de pesos para su campaña a la Gobernación de Boyacá. Angelino Lizcano venía del grupo político del excongresista Luis Fernando Almario, investigado por la parapolítica y la farcpolítica, y estuvo más de 15 años en la Secretaría General del Congreso, a la que llegó luego de trabajar en la Empresa de Licores de Caquetá. Y Henry Villarraga, quien venía de ser consultor jurídico de la Gobernación de Casanare, terminó salpicado en una denuncia de una registraduría paralela, hecha por El Espectador.
Este mismo Villarraga fue quien hace dos semanas amenazó con denunciar al ministro Germán Vargas Lleras porque “gran parte de las más de 11.000 quejas contra los jueces de la República han terminado siendo infundadas”.
En el grupo de pensionados o posibles pensionados sin duda hay personas que le han servido por décadas al país desde la justicia, pero eso, a los ojos del ciudadano del común, no es suficiente para que aspiren a pensiones que no financiaron en su vida laboral y que pueden afectar la salud fiscal del Estado.
Algunos de los magistrados también han dado explicaciones. En la última sala plena de la corporación, Henry Villarraga se defendió diciendo que él les exige mucho a sus auxiliares y que por eso solo le duran unos meses. En el despacho del magistrado Claros dan explicaciones para cada uno de los casos: algunos, dicen, fueron nombrados por el magistrado anterior, y otros duraron poco porque fueron nombrados en despachos de descongestión.
Sin embargo, en el Palacio de Justicia todos saben que algo se está pudriendo por dentro. Varios funcionarios de la rama le dijeron a esta revista que la situación es crítica y que hay algo muy preocupante detrás de este carrusel de ‘palomitas’.
EN PELIGRO
Jesús Mario Corrales vive en el barrio Rober Tulio Lora, un humilde sector de Cartago, donde la pobreza es el común denominador y la camioneta que lo transporta una extraña anomalía.
Con 15 miembros asesinados, seis desaparecidos y 55 amenazados, Nuevo Amanecer es una de las organizaciones de desplazados más sufridas del país. Su líder lucha desde la pobreza extrema, anda con escoltas en una camioneta blindada del gobierno y se juega la vida todos los días.
Sábado 19 Febrero 2011La desgracia de Jesús mario Corrales comenzó en 1998, cuando este licenciado en Educación Rural era docente de una escuela veredal en Mesetas, Meta. Durante el gobierno Samper, su escuela fue premiada por el Plan Decenal de Educación gracias a un proyecto que Corrales bautizó como Rinconcito de Amor, una parcela en la que los estudiantes aprendían a criar cerdos, pollos, peces, terneros y codornices. Para los milicianos de las Farc, que ya veían con malos ojos el reconocimiento estatal, la copa se rebosó cuando Jesús Mario gestionó un premio para tres de sus estudiantes en un campamento escolar en el parque La Llanura, en Villavicencio: sin que él lo supiera, el premio consistió en llevar a los niños a una jornada lúdica en la base militar de Apiay. Esa fue su lápida.
La orden de abandonar el pueblo le llegó un Jueves Santo. Desde entonces empezó su procesión junto a Eloína Soto, su pareja, 20 años mayor que él, y nueve hijastros. Con ellos, otra familia igual de numerosa tuvo que huir: eran los padres de uno de los niños del paseo a la base militar.
Hoy Corrales, doña Eloína y solo uno de sus nueve hijos viven en Cartago, Valle, desde donde dirige la fundación de desplazados Nuevo Amanecer. Los demás hijastros de Jesús Mario, incluso el que es mayor que él, están en otras ciudades.
Dar con la vivienda de Corrales es muy fácil. Se debe caminar por las calles desnudas del barrio Rober Tulio Lora y subir una empinada loma invadida por la pobreza. Llegar allí no requiere dirección exacta, sino avistar la camioneta Prado blanca modelo 2011 blindada y tres hombres con chalecos antibalas y rostros foráneos que custodian su rancho. Esa escena contrasta con el techo de zinc, ladrillo desnudo y piso de cemento donde vive Corrales.
Su casa es algo así como un confesionario donde a diario se escucha el horror de la violencia en el campo. El Divino Niño y María Auxiliadora adornan un escritorio pintado de óxido. El día que lo visitó SEMANA, en la estrecha sala forrada con carteles de Redepaz, estaba Ana. En sus manos apretaba un trapo negro y una carpeta amarilla con algo que parecían escrituras. Su desgracia empezó en 1999, cuando los paramilitares llegaron a Pueblo Bonito, una vereda de Chigorodó, Antioquia.
Allí toda su familia criaba cuatro terneros, 35 cerdos, 180 gallinas, sembraban plátano y banano en una finca de 600 hectáreas, a la que llamaban La Lloreda. Pero el mundo les cayó encima cuando su cuñado Aurelio, un negro corajudo que no se traga las palabras, les reclamó a los paramilitares por los animales que se llevaban sin permiso. "Sin dudarlo, ellos sacaron una motosierra y lo picaron vivo. La cabeza la clavaron en un palo", recordó Ana.
Dos meses después regresaron por su esposo, a quien ataron de las manos y lo arrastraron hasta dejarlo sin piel; ese mismo día mataron al resto de la familia. "Quedé sola con mi hija de 6 años y un bebé en la barriga", relató. Por varias semanas vivió en la selva comiendo frutas y durmiendo sobre hojas secas de plátano, hasta que las encontró el Ejército.
La casa de Corrales es como una especie de purgatorio donde a diario llegan almas en pena, como Ana. Hasta allí hace procesión el rosario de víctimas de la violencia para registrarse en su fundación, que hoy suma 17.400 desplazados que viven en 48 municipios de 17 departamentos.
Si bien no es la más grande, la violencia parece enquistarse contra sus dirigentes, tal como ocurre con los de Urabá y Montes de María. "Sin tener la trayectoria de otras asociaciones, es una de las más golpeadas, tal vez porque opera en una región epicentro de la cooptación mafiosa", explicó Jorge Rojas, presidente de Codhes.
En efecto, de los 45 líderes asesinados en todo el país desde 2002, 15 pertenecían a Nuevo Amanecer. Ocho de esos crímenes fueron perpetrados en el norte del Valle, una región con fuerte influencia de narcos. Hoy seis líderes siguen desaparecidos, cinco heridos tras sufrir atentados y 55 de ellos huyen con sus familias por cuenta de amenazas.
Solo en Nuevo Amanecer se acompañan 3.827 procesos de Justicia y Paz y se aportan declaraciones que comprometen a narcos y paras, como Freddy Rendón Herrera, alias 'el Alemán'; Éver Velosa. alias 'HH'; Diego Montoya, alias 'Don Diego', y Salvatore Mancuso. "Tenemos reportes de 1.200 desaparecidos, de los cuales 17 son presuntos falsos positivos", dijo Corrales.
La fundación nació en enero de 2005, tras un fallido experimento del expresidente Álvaro Uribe. El 23 de diciembre de 2004, el entonces mandatario viajó hasta Ansermanuevo, Valle, para entregar a veinte familias desplazadas 500 hectáreas de tierra para que las trabajaran por cinco años para luego escriturarlas. Los predios eran del confeso narcotraficante Albeiro Monsalve, condenado en Estados Unidos.
Pero los campesinos ni siquiera lograron ingresar a las fincas Indiana, Túnez y El Edén, porque al día siguiente una hermana del mafioso ocupó a la fuerza los terrenos que aún estaban en proceso de extinción de dominio.
El revés no solo tiró por la borda el proyecto que prometía convertirse en modelo agrario, sino que dejó una estela de muertes, violaciones, atentados y amenazas contra los desplazados que reclamaban derechos sobre esas fincas. Como ironía, cuatro familias desplazadas aún siguen en esos predios, pero como agregados sin sueldo.
El primero en padecer esa violencia fue Julio César Molina, desterrado por la guerrilla en Vista Hermosa, Meta. Sicarios lo asesinaron en Ansermanuevo el 13 de mayo de 2008. Él lideraba a familias desplazadas del fallido proyecto de Uribe y que el Incoder reubicó en una finca de El Cairo, Valle. El predio también era de otro mafioso de la zona y allí ocurrieron una cadena de nuevos crímenes, entre los que se cuentan los de los hermanos Eber y Miller Cortés Vargas, en junio de ese mismo año. En octubre de 2010, las víctimas fueron una mujer, su hijo adolescente y su esposo.
El caso más reciente ocurrió en Líbano, Tolima. El pasado 26 de diciembre desaparecieron el coordinador de la Mesa de Tierras en ese departamento, José Alfonso Delgado Villamil, junto a su hermano Yon Nel y el asociado Andrés Arenas. Todos eran desplazados de las AUC en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los tres cadáveres, hallados durante el festivo de Reyes en una quebrada del Líbano, fueron reportados por autoridades y medios locales como víctimas de la ola invernal, a pesar de que en el dictamen de Medicina Legal se lee que las muertes fueron causadas con arma de fuego.
Pese a todo ello, Jesús Mario y sus líderes siguen encabezando un proceso al que le sobran enemigos y le faltan dolientes. Por ahora, él se defiende con la camioneta blindada y los tres escoltas asignados por el gobierno, que, además de cuidarlo, muchas veces se meten la mano al bolsillo para que en su casa no falte un bocado de comida. Mientras los desplazados de su organización, al igual que los tres o cuatro millones más que hay en Colombia, siguen esperando a que el proceso de Justicia y Paz les revele la verdad sobre sus tragedias y la Ley de Víctimas y otros mecanismos legales por fin les permitan ver el nuevo amanecer que hasta ahora les ha negado la violencia.